El poder de la red imaginaria.

Supongámonos que el internet es una red imaginaria. Una especie del espejo de la bruja de Blanca Nieves, o el monitor ultramoderno de los superhéroes que se reunían en el Salón de la Justicia.

Nada cabe en el aire que respiramos, pero dentro del internet, está todo, desde ánimas que purgan la incapacidad de establecer relaciones sociales reales, hasta prácticos comerciantes que aprovechan el anonimato que implican los túneles invisibles del nuevo espacio-tiempo.

Y aquí, en la anarquía del internet, se suscitan toda clase de eventos: críticas, declaraciones de amor, publicaciones de libros, pornografía y canciones de Barney.

Como en tiendita de abarrotes, los internautas nos damos vuelo con tanto conocimiento (no deseo catalogarlo como malo o bueno, no estamos en la clase de axiología 1), máxime si es gratuito. Aquí todo es informal: hasta las pedradas se ven más bonitas, intocables, inalcanzables -aunque tal vez imprimibles-, absurdas en nuestro mundo "real".

Yo no conozco a un mexicano de la clase media y superiores que no se haya visto seducido por el poder de esta red, tan peligrosamente ingenua. Todos caemos: mandamos "meils" a destajo, cadenitas insulsas, comentarios anónimos y posteamos y ventilamos nuestro sentir mexicano.

Es notorio, sin lugar a dudas, que los mexicanos somos bien "trendies". Tan es así, que hasta nuestros honorabilísimos diputados, senadores, magistrados y funcionarios públicos, ya están en la onda del "triple doble u".

Se nos autoriza a participar democráticamente a través de páginas de internet convertidas en plebiscitos intangibles. Se nos obliga a pagar impuestos desde la Conchinchina a través de portales web inimaginables para nuestros bisabuelos. Se nos invita a presenciar las desfachateces, estupideces y contrariedades de nuestros excelentísimos gobernadores, con sus páginas de transparencia y acceso a la información clasificada como pública -coladera de lo que ya no nos importa a nadie y, por ende, puede ser ventilado; escaparate de excentricidades mórbidas que rayan en el voyerismo administrativo-. A votar por ideas que no entendemos de dónde vienen ni hacia dónde van (si es que llegan a algún lugar).

Todo está en orden: México sigue con los ojos vendados y la convicción en la mano por un camino al anonimato existencial que suprime irracionalmente el orden jurídico que rige al Estado a través de sus artículos constitucionales.

Cada vez es más notoria la confusión que el Estado confiere a sus asuntos con la Nación. Es claro que para sus representantes, dirigir correctamente al país, es suscitando chismes de lavadero, ampliamente difundidos por televisoras abiertas, radio y medios impresos.

Por el contrario, lo que verdaderamente distingue la acción del Estado dentro de la consecución de un bienestar público, está siendo cada vez más relegado a los pasadizos invisibles que aporta el Internet.

Lejos de ver al reciente secuestro del Congreso de la Unión como un acto ilícito que viola los presupuestos legales vertidos en el artículo 68 constitucioal, el cual menciona que "Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra", yo más bien tiendo a creer que realizar el paro de actividades fue una consecuencia natural del ejercicio correcto de las facultades, obligaciones y atribuciones que se tienen como representantes del pueblo y las entidades federativas, toda vez que dichos actos se basan en la persecución del correcto desarrollo del principio jurídico que fundamenta la Rectoría del Estado, expuesto en la Constitución Mexicana en sus artículos 25, 26, 27, principalmente, y el cual es al mismo tiempo una garantía para el pueblo (si atendemos al artículo 41 constitucional) y una obligación para aquel. Recordemos pues, que el Estado no sólamente es el Presidente de la República como máximo representante del Poder Ejecutivo, sino que también lo conforman el Poder Legislativo (formado por las Cámaras de Diputados y Senadores, que juntas son el Congreso de la Unión), y el Poder Judicial.

Luego entonces, el artículo 73 constitucional, fracción XXIX, números 2º y 5º inciso c), faculta a nuestros representantes legislativos a negociar la situación jurídica de reforma medular a todo lo relativo con el petróleo y PEMEX.

Por esta razón, considero que no es de especial relevancia el pensar que un paro de actividades haya constituido una violación real a la Ley Suprema, toda vez que quienes lo hicieron, al igual que los que la padecieron, tienen la obligación de responder por los actos jurídicos que dentro de sus cámaras se desarrollen, como parte del compromiso social, legal y político que contrajeron al momento de protestar sus cargos.

De esta manera, vemos que el Estado, efectivamente está realizando acciones tendientes al consenso real y productivo de un tema tan medular como lo es la reforma energética. Me refiero a efectivamente y no eficazmente, porque aún no se sabe si dichos actos tendrán un efecto favorable para sus representados, es decir, todos los mexicanos y el propio Estado. Éste es el ejemplo más significativo que se pueda encontrar, en fechas recientes, de lo que implica actuar en un mundo alejado del internet y los medios de comunicación.

Recordemos pues, que el sistema jurídico está meticulosamente estructurado en nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de su correcta aplicación y observancia devendrán los resultados esperados, sin importar siquiera si los medios de comunicación están de acuerdo o no. Al Estado le corresponde encabezar la consecución del bienestar público general como su teleología originaria. A los medios de comunicación, le corresponde coadyuvar, dentro su esfera de acción respectiva, en que dicho bienestar público sea un panorama que todos vivan y sientan, esto es, le corresponde, en este caso, disponer de sus armas para la libre interacción para la consecución democrática de los parámetros sociales, políticos, jurídicos y culturales, siempre y cuando no transgredan los mecanismos jurídicos que para tales efectos se disponen.

Dicho así, considero que la reforma emitida por la Comisión de Puntos Constitucionales respecto del artículo 69 constitucional, y atingentes a la facultad que tendría el Presidente de la República Mexicana de enviar su informe presidencial vía correo electrónico, raya en lo "metaimaginable" en nuestra deplorable situación caricaturesca de la eficiencia gubernamental y sus mecanismos de coordinación con el Poder Legislativo.

Se trata no únicamente de dar al traste con una formalidad protocolaria que se venía dando desde la implementación concreta de nuestra actual Ley Suprema, sino que también sería omitir el respeto que los ciudadanos, como depositarios de la soberanía que somos, y cuya garantía nos es respaldada por el artículo 39 de nuestra Constitución. Es completamente inadmisible el tipo de reforma que se plantea, visto desde una óptica jurídica: se permitiría, además de lo anterior, que el respeto por la seriedad que reviste el mandato que nosotros como detentadores de la soberanía hemos depositado en dos de los tres poderes que garantizan el equilibrio del poder, se pierda en el infinito de algo que, aunque ha resultado ser una herramienta eficaz para el desarrollo de ideas constructivas, también es un sitio donde la anarquía –legalmente hablando- impera, en razón de su novel existencia.

Ergo, si atendemos a que el e-mail es normalmente utilizado como puente de comunicación informal y/o de negocios, resultaría inadmisible que dichos parámetros constitucionales sean aprobados en sesión extraordinaria por la Cámara de Senadores.

No se trata de apoyar el retraso tecnológico entre quienes habitamos el Estado Mexicano. Se trata de mantener los esquemas jurídicos esenciales para el mantenimiento y desarrollo correcto del mismo, en pro de sus habitantes.

En la palabra discernimiento, existe la clave. Ojalá que sea puesta en marcha a tiempo.