De la Reforma Energética

La tan controvertida consulta sobre la reforma energética en el D.F. ocurrió finalmente. Los resultados, fueron poco alentadores: pese a que el 80% de los encuestados votaron en contra de una reforma a la ley orgánica que rige aspectos jurídico-económicos de PEMEX, tales como su personalidad jurídica y su patrimonio, la manera en que éste puede ser administrado, y la tendencia tácita de abrir una puerta en un futuro no muy lejano a la posibilidad de comenzar el germen de la privatización, abriendo candados estratégicos que permiten la participación de empresas privadas (léase, extranjeras), es indiscutible que el poder de convocatoria fue mínimo: sólo alrededor de 826,028 habitantes decidieron participar en dicha encuesta –que dicho sea de paso, no tuvo un valor de plebiscito stricto sensu, sino que sólo fue un instrumento para dar a conocer la opinión de los ciudadanos-.

Considero que no se trata de dar una simple opinión por parte de los habitantes de este país. Se necesita, en todo caso, que el sistema de representación político-administrativo-legal sea realmente puesto en práctica, tanto por el poder ejecutivo como por el legislativo, a nivel federal. Así pues, aunque la intención por parte del gobierno del D.F. es tener una prueba fehaciente que evidencie el rechazo de la sociedad mexicana hacia un cambio tan abrupto como lo es el terminar de una vez con lo que queda de la figura constitucional de la Rectoría del Estado, para ser suplantada arbitrariamente con argumentos de carácter económico (que no precisamente son válidos jurídicamente hablando, aún y cuando estén bien fundamentados en cuantas teorías económicas se puedan tener al alcance), es necesario que los representantes en el poder legislativo tengan a bien desempeñar su función: ser los mandatarios, es decir, las personas en quienes recae el mandato, la encomienda, de velar por los intereses de una Nación entera, y no tanto ubicarse en los sectores económicos, en sus niveles interno y externo.

No obstante, dicha consulta demostró que efectivamente la sociedad está en un desacuerdo lo suficientemente sólido como para emitir un NO a una reforma que no busca solucionar un problema interno de la paraestatal, puesto que se sobreentiende que la tendencia es su transformación paulatina hacia códigos económicos de corte neoliberal, es decir, la privatización.

Así pues, no es suficiente argumentar por parte del gobierno federal, que México está sufriendo un retroceso en materia de producción petrolera (y por ende, un retraso económico) y que la única salida es competir con los grandes (léase EE.UU.), comenzando a perforar pozos en la zona marítima conocida como Hoyo de Dona, poniendo además en entredicho si en un futuro cercano se vigilará que realmente se respeten las leyes de derecho internacional público en materia de zonas marítimas fronterizas. Lo que es necesario, en todo caso, es que se replantee el problema que existe dentro de PEMEX. Porque lo que sí es cierto, es que la paraestatal está sufriendo un colapso de tipo administrativo.

Luego entonces, la solución al problema, que a mi consideración es de índole estructural-interno, sería la modificación de los lineamientos orgánicos (ojo, no tiene nada qué ver con la ley orgánica, esa es intocable ahorita, porque deriva de un artículo constitucional, y por lo tanto, tiene carácter federal; aquí se habla del reglamento interno de PEMEX, es decir, su instrumento de administración interna) que están formando un cuello de botella en lo que se refiere a gastos presupuestales: demasiado personal y poco avance en producción, investigación y transformación del petróleo.

Por lo tanto, la consulta del domingo arrojó la siguiente premisa: la sociedad mexicana está consciente de la situación financiera, económica y política de PEMEX. Habrá entonces que sentarse a dilucidar qué tipo de transformación jurídico-económica realmente impulsará un cambio favorable para la paraestatal, y por lo tanto, para todos nosotros.